El primer panel del Foro Ruta México 2025, titulado “Ruta de la Movilidad Integral y Participativa – Plan México”, convocó a líderes del sector público, el legislativo y la industria para definir la hoja de ruta que vincula el transporte con objetivos económicos, sociales y ambientales.

Moderado por Angélica Vesga (WRI), el debate se centró en cómo el Plan México busca trascender la simple operación de transporte, posicionándose como un catalizador para la transformación urbana, la justicia social y el impulso de la manufactura eléctrica en el país.

Eje 1: Manufactura Eléctrica y Contenido Nacional

La Secretaría de Economía (SE) confirmó su fuerte impulso a la movilidad sustentable y la electromovilidad. Rodolfo Osorio, coordinador de Electromovilidad en la SE, destacó que el Plan México integra la visión de todo el ecosistema, incluyendo la infraestructura de carga y la legislación transversal.

Un objetivo central de la política industrial nacional es elevar el contenido nacional y desarrollar la capacidad de producción de autobuses eléctricos en México. La demanda existe y es amplia, dada la necesidad de sustitución de la flota, calificada como antigua y con oportunidad de modernizarse hacia tecnologías más limpias.

Desde la iniciativa privada, Roberto Gottfried (MegaFlux) enfatizó que la transición energética debe ser el “más grande motor de crecimiento económico”. Gottfried recordó que el desarrollo del primer autobús eléctrico nacional, Taruk, nació de un mandato presidencial y de la colaboración entre las empresas mexicanas MegaFlux y Dina, a la cual se sumó Marcopolo (tema que abordamos a detalle en el artículo: Marcopolo se suma a MegaFlux y Dina para consolidar la producción del autobús eléctrico nacional

“México tiene toda la tecnología, toda la capacidad, graduamos miles y miles de ingenieros de altísima calidad… lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar.” — Roberto Gottfried  (MegaFlux).

Eje 2: Financiamiento sostenible y plazos de largo plazo

El sector operativo resaltó que la continuidad de los proyectos requiere de modelos financieros sólidos y la profesionalización del sector, desterrando el mito de que el transporte no puede ser un negocio.

Santiago Alanís de MOBILITY ADO identificó la necesidad de fomentar plazos de operación más largos, de 10, 15 o 20 años, para asegurar la continuidad de la inversión más allá de los cambios de administración.

Alanís, ejemplificó la importancia de la corresponsabilidad estatal en la inversión de infraestructura:

“El gobierno de Ciudad de México en ese entonces se sumó y dijo: ‘Oye, yo me encargo de la infraestructura de recarga… firmamos un contrato de comodato para que tú la operes y tú la administres’.” — Santiago Alanís (MOBILITY ADO).

Esta interacción es vital, ya que la infraestructura de recarga para un proyecto de electrificación puede rondar entre 5 o 6 millones de dólares, un costo que no puede recaer solo en el operador si se busca mantener una tarifa asequible.

Eje 3: Movilidad como derecho, vivienda y Polos de Desarrollo

El panel subrayó que la movilidad es un derecho que facilita el acceso a otros derechos fundamentales, como la salud y el empleo.

El Senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara alta, ligó directamente la política de movilidad con la agenda de desarrollo territorial del gobierno federal, incluyendo el Plan de 1 millón de viviendas de la presidenta. Que estas nuevas viviendas se ubiquen cerca de centros de trabajo y zonas metropolitanas, demandando rutas de transporte eficientes.

El Senador también destacó la estrategia de los 15 polos de desarrollo. El ejemplo de la puerta logística del Bajío (Guanajuato) demuestra cómo estos polos se interconectan con líneas de trenes de pasajeros y carga, creando nuevas demandas de transporte para los trabajadores.

Bernardo Varanda (ITDP) advirtió que la inversión en infraestructura, como los 3,000 kilómetros de trenes proyectados, debe priorizar la calidad sobre la cantidad. Para garantizar que la infraestructura sirva a las personas, es crucial la implementación del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), asegurando que las estaciones no estén alejadas de los centros urbanos y que se promuevan densidades y mezcla de usos de suelo.

“Lo más importante es reducir el costo económico, de tiempo, energético… y todo bajo lo que decías, [Angélica Vesga] que sea un modelo financiero sustentable.” — Bernardo Baranda (ITDP).

Cierre: Ruta hacia la acción

El panel concluyó que México se encuentra en un “momento oportuno” para la transformación. Para consolidar el Plan México, se requiere pasar de los diálogos a la acción coordinada entre sectores.

Rodolfo Osorio reafirmó que el gobierno federal espera de las autoridades locales y el sector privado un alineamiento con los polos de desarrollo, y que la Secretaría de Educación Pública trabaja en empatar las ofertas académicas con las necesidades de ingenieros y técnicos especializados en electromovilidad.

Las propuestas finales se centraron en la necesidad de innovación en la gobernanza y la tecnología:

• Digitalización y Mobility as a Service: Implementar la movilidad como servicio (MaaS) para integrar la intermodalidad (bus, metrobús, bicicleta) y usar big data para predecir demandas y problemas.
• Aceleración de Flotas Limpias: Impulsar la electrificación acelerada de flotas y generar incentivos fiscales directos a las MiPyMEs.
• Desarrollo Orientado al Transporte (DOT): Implementar las estaciones como “minipolos de desarrollo” que integren vivienda asequible, servicios comerciales y la cadena circular del transporte (desde la compra hasta la chatarrización).

3 Claves del Panel: Ruta de la Movilidad Integral y Participativa – Plan México

1. Industrialización de la Electromovilidad: El Plan México es una herramienta de política industrial que busca elevar el contenido nacional y detonar la producción de autobuses eléctricos en el país (ejemplo: Proyecto Taruk de MegaFlux y Dina) para satisfacer la alta demanda de sustitución de flotas.
2. Continuidad Garantizada por Plazo: La viabilidad financiera de la inversión privada en transporte público requiere de contratos de operación a largo plazo (10 a 20 años) para trascender los ciclos administrativos. El Estado debe sumarse financiando infraestructura clave (como lo hizo el gobierno de CDMX en Metrobús Línea 3).
3. Movilidad Integrada al Territorio: Es vital articular la inversión en movilidad (como los proyectos ferroviarios y BRT) con la política de vivienda social y los 15 polos de desarrollo. Esto exige utilizar la metodología de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) para evitar la expansión desordenada y garantizar que la infraestructura beneficie directamente a los usuarios.