El Panel 2 del Foro Ruta México 2025 abordó la imperativa necesidad de acelerar la descarbonización del transporte público en el país, un tema que, más allá de ser técnico, se configura como un desafío de justicia social y competitividad. Moderado por Isabel Studer (Sostenibilidad Global), el debate concluyó que México vive una crisis de movilidad que exige una transformación profunda.

Si bien el país no parte de cero —actualmente opera cerca de 700 autobuses eléctricos—, se enfrenta a una brecha significativa en comparación con otros países de América Latina; por ejemplo, Chile cuenta con 2,300 autobuses eléctricos en Santiago. La visión planteada por la nueva administración federal, que prioriza la electromovilidad, requiere ahora de mecanismos sólidos de regulación, financiamiento y colaboración.

El Costo de la Inacción: Restricción a Vehículos de Combustión

Una de las propuestas más contundentes para acelerar la transición provino de Diana Ávalos (AMIVE), quien argumentó que las políticas públicas deben dejar de enfocarse únicamente en el incentivo y empezar a hacer más difícil y caro para los vehículos particulares de combustión circular en las calles.

Este enfoque, según los expertos, permitiría liberar recursos actualmente dirigidos a subsidiar combustibles fósiles. Además, se criticó la ambigüedad de incentivos actuales, como la expedición de “placas verdes” a vehículos que, en algunos casos, pueden emitir más contaminantes que algunos automóviles ligeros de combustión.

Isabel Studer reforzó esta idea, señalando que la movilidad sostenible es la mejor herramienta para la justicia social. El cambio no debe ser solo técnico, sino una transformación de la manera en que se viven y se respiran las ciudades.

Protección Industrial y la Amenaza de la Chatarra

Desde la industria productora, Rogelio Arzate (ANPACT) señaló dos precondiciones fundamentales para que la electromovilidad del transporte público crezca: la disponibilidad suficiente y sustentada de energía eléctrica, y la protección del mercado nacional.

Arzate detalló que la transformación total de la flota a vehículos eléctricos requeriría anualmente 5,768 GW/hora, equivalente al consumo de 160,000 casas en México. No obstante, la industria nacional enfrenta una grave amenaza por la importación descontrolada de vehículos usados (“chatarra”) desde Estados Unidos.

“Se nos ha triplicado el monto de importación de chatarra. 30,000 unidades que se dieron en 2024, unidades que son chatarra que no tienen los últimos niveles de emisiones” — Rogelio Arzate (ANPACT).

Esta importación no solo impacta la calidad del aire y la seguridad, sino que también socava los esfuerzos del Plan México para aumentar el valor agregado y la producción de vehículos nuevos dentro del país. La industria exige trabajar en un programa de renovación de flota que tenga las bases suficientes para la compra de unidades eléctricas.

Gobernanza y Rectoría Estatal: Aprendizajes del Estado de México

Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad del Estado de México, ofreció una perspectiva crucial sobre las Alianzas Público-Privadas (APP), basándose en experiencias que ilustran “todo lo que no se tiene que hacer”. Sibaja enfatizó que la autoridad no debe caer en la “fetichización de la electromovilidad” al imponer tecnologías que no son económicamente viables para el sector.

El funcionario mexiquense defendió que la rectoría del transporte público la debe tener el Estado, no los privados, y que los proyectos deben fundamentarse en estudios técnicos.

El caso del Mexicable sirvió como ejemplo de las consecuencias de una mala gobernanza en APP:

“El gobierno garantiza 29,000 personas pagando. ¿Cuánta gente creen que viaja en el cable? … Viajan 9,000 personas. Es decir, el gobierno paga diariamente 20,000 personas que no se suben. Eso es lo que no hay que hacer” — Daniel Sibaja (Secretaría de Movilidad del EDOMEX).

A pesar de los retos, Sibaja destacó que existe la voluntad política federal para impulsar el transporte público como una herramienta de justicia social. En este sentido, el Estado de México está impulsando la aplicación de impuestos progresivos para etiquetar ese dinero hacia el transporte público de los más necesitados.

Financiamiento Innovador y Visión Global

La discusión técnica se complementó con la visión internacional y la perspectiva de la gran infraestructura nacional. Hugo Isaak (ONU Hábitat) señaló que las naciones más eficientes han dejado de “romantizar el uso del vehículo” y han puesto a las personas en el centro.

Isaak propuso la creación de un Fondo Nacional para la Electromovilidad. Dicho fondo podría financiarse redireccionando los ingresos provenientes del refrendo y la tenencia, o mediante un impuesto a los combustibles fósiles, canalizando esos recursos hacia la infraestructura.

En cuanto a proyectos de gran escala, el General Brigadier Germán Redondo Suárez destacó el Tren Maya como un detonador de desarrollo para el sureste. Construido en un tiempo récord de cuatro años, el Tren Maya no es solo un proyecto turístico, sino un sistema seguro (custodiado por 3,200 efectivos de la Guardia Nacional) y eficiente, que ya sirve de llave para la planeación de 3,000 km adicionales de trenes de pasajeros. Este proyecto, a pesar de sus desafíos, demuestra la capacidad de los mexicanos para crear grandes obras.

3 Claves del Panel

1. Rectoría del Estado en APP: El Estado debe mantener la dirección y el control técnico en las Alianzas Público-Privadas, evitando modelos fallidos como el del aforo garantizado en el Mexicable, que terminan costando recursos públicos sin justificación social.
2. Protección al Mercado Nacional: Es urgente implementar políticas que frenen la triplicada importación de vehículos usados (chatarra) desde Estados Unidos, lo cual frena el desarrollo de la industria nacional de autobuses eléctricos y contamina el parque vehicular.
3. Financiamiento Innovador: Se requiere un Fondo Nacional de Electromovilidad que busque alternativas al financiamiento tradicional, como la creación de impuestos progresivos o la reestructuración de impuestos existentes (refrendo/tenencia), para garantizar la inversión en infraestructura clave.

Qué Cambia Mañana

• Mayor Restricción Vehicular: Se debe buscar la implementación de zonas de cero emisiones y mecanismos para restringir y encarecer la circulación de vehículos particulares de combustión, con el fin de priorizar el transporte público.
• Enfoque de Justicia Social: La voluntad política debe consolidar el transporte público como la principal herramienta de justicia social, asegurando que los recursos, sean públicos o provengan de impuestos progresivos, se dirijan a ofrecer un servicio digno y seguro a las poblaciones más marginadas.
• Planeación de Infraestructura Eléctrica: La industria y las autoridades deben trabajar coordinadamente en la planeación de la infraestructura de recarga y la capacidad de generación eléctrica, para que la demanda de electromovilidad no se tope con problemas de suministro.