El debate sobre movilidad sostenible entra en una nueva fase: aumentar la capacidad del transporte público y garantizar los recursos necesarios para responder a una demanda creciente.
España afronta una etapa decisiva en el desarrollo de su política de movilidad sostenible. Después de varios años marcados por medidas para incentivar el uso del transporte público, el debate se centra ahora en cómo ampliar la capacidad del sistema para responder a una demanda creciente y cumplir los objetivos fijados para 2030.
Esta fue una de las principales conclusiones del panel Objetivo 2030: España referente en movilidad sostenible, celebrado durante Global Mobility Call 2026. La sesión reunió a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; Sara Hernández, secretaria general de Movilidad; y Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, en una conversación moderada por Valentín Alonso, director general de Avanza.
La mesa coincidió en que las políticas de impulso al transporte público han contribuido a incrementar la demanda y a situar la movilidad sostenible entre las prioridades de las administraciones. Sin embargo, los participantes señalaron que el siguiente paso pasa por reforzar la oferta disponible para los usuarios.
En la apertura del debate, Valentín Alonso situó el desafío en términos concretos:
“Si queremos cumplir los objetivos de 2030, necesitamos más transporte público, más capacidad y más oferta. El reto ya no es solo atraer viajeros, sino estar preparados para transportarlos”.
El debate puso el foco en una cuestión central: cómo financiar el aumento de servicios, frecuencias y capacidad que será necesario para absorber un mayor número de viajeros durante los próximos años.
Durante la conversación, Hugo Morán defendió la importancia de mantener una planificación estable que permita dar continuidad a las inversiones vinculadas a la transición energética y climática. El secretario de Estado señaló que la previsibilidad regulatoria resulta clave para facilitar decisiones de inversión tanto por parte de las administraciones como del sector privado.
“La transición necesita certidumbre. Cuando existe una hoja de ruta clara, administraciones, empresas e inversores pueden tomar decisiones con visión de largo plazo”.
Por su parte, Sara Hernández destacó el papel que puede desempeñar la futura Ley de Movilidad Sostenible para mejorar la coordinación entre administraciones y avanzar hacia sistemas de transporte más integrados. También subrayó la necesidad de financiación y colaboración institucional para afrontar los retos que plantea la transformación del sector.
“La movilidad es un ecosistema cada vez más complejo y requiere espacios de gobernanza donde administraciones, operadores y ciudadanos puedan avanzar en una misma dirección”.
La financiación fue, de hecho, uno de los asuntos más recurrentes de la sesión. Los participantes analizaron el potencial de instrumentos europeos vinculados a la transición climática para respaldar inversiones en transporte público, infraestructura y descarbonización.
Durante el panel se abordó el papel que podrían desempeñar mecanismos como el Fondo para una Economía Baja en Carbono para la Movilidad (FECMO), el sistema ETS2 o el Fondo Social para el Clima para movilizar recursos que permitan reforzar la oferta de transporte público y acelerar el cambio modal.
Desde la perspectiva empresarial, Rafael Barbadillo recordó que el autobús está llamado a desempeñar un papel relevante en el cumplimiento de los objetivos de movilidad sostenible. No obstante, advirtió de que el incremento de la oferta y la descarbonización requerirán importantes inversiones en vehículos, infraestructuras de recarga, talleres, formación técnica y adaptación operativa.
Más allá de los distintos enfoques, el debate dejó una conclusión compartida: los objetivos de movilidad sostenible no dependerán únicamente de atraer nuevos usuarios al transporte público, sino también de la capacidad del sistema para ofrecer más servicio y responder a una demanda creciente.
Con menos de cuatro años para alcanzar las metas marcadas para 2030, el desafío pasa ahora por trasladar los objetivos estratégicos a actuaciones concretas que permitan ampliar la oferta de transporte público y consolidar alternativas competitivas al vehículo privado.
La conversación también puso de manifiesto la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y sector para acelerar la transformación del sistema de movilidad. Un reto que exigirá planificación a largo plazo, estabilidad regulatoria y recursos suficientes para garantizar que el transporte público pueda desempeñar el papel central que le atribuyen los objetivos de movilidad y descarbonización del país.
